Aborto legal: cuestión de derechos humanos



Cuando se analiza la posibilidad de legalizar el aborto, se hace muy difícil un análisis desapasionado. Porque, en general, se efectúa un enfoque sólo desde lo médico, lo legal, lo moral, lo religioso, etcétera.

Tales enfoques son dignos del respeto que toda sociedad democrática debe a las diversas formas de pensar y de encarar sus cuestiones fundamentales. Pero ningún Estado puede ser indiferente a sus grandes objetivos, en cuyo caso la historia tiene un lugar significativo.

Además, es importante que, cuando se trata de legislación, esta atienda las particularidades y necesidades de cada momento y sea coherente en todo cuanto dispone.

La salud pública está involucrada en todo embarazo; en especial, si este no es deseado. Pero algunos de quienes procuran legalizar el aborto eluden la discusión que corresponde desde la estructura legal vigente en Argentina; minimizan la problemática atribuyendo la discusión sólo a cuestiones de índole moral o religioso; se cierran a datos objetivos de la ciencia; olvidan el pasado reciente del país, y, en ocasiones, utilizan expresiones peyorativas (conservadores, antiderechos, etcétera) para descalificar a quienes creemos que toda vida humana debe ser cuidada y protegida. Otros hablan de acercar posiciones (evitar grietas), como si ante la vida o la muerte fuera posible una posición intermedia.

La desaparición de personas y otros graves hechos de nuestra historia llevaron a una importante elaboración jurisprudencial sobre los derechos humanos y, en particular, en torno de los delitos de lesa humanidad.

No es este el espacio para desarrollar los aspectos jurídicos de esa doctrina, pero sí cabe recordar que, con base en lo que dispone el Estatuto de Roma, la Corte Suprema de Justicia de la Nación estableció que hay delito de “lesa humanidad” cuando existe un sistema pergeñado por el Estado (política estatal) para eliminar un colectivo o universo de personas al amparo de normas que consagran la impunidad de sus responsables.

El Código Civil y Comercial dispone que “la existencia de la persona humana comienza con la concepción” (artículo 19), lo que es coherente con los derechos que consagran la Constitución Nacional y los tratados internacionales incorporados a ella.

Aunque el protocolo nacional vigente aluda al embarazo como “contenido uterino” (página 51) y luego se refiera al “material o restos tisulares y sangre” (página 54), se trata de una persona por nacer o de restos humanos que no son de la madre sino de quien es eliminado. En consecuencia, tal protocolo consagra una política estatal, no dirigida a un caso aislado, sino al conjunto de niños por nacer cuyas madres soliciten abortar. Como, además, las normas consagran la impunidad de esa eliminación de personas, estamos en presencia de lo que el Estatuto de Roma califica como delito de lesa humanidad, según reiterada jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y de tribunales inferiores.

Más allá del enfoque moral o religioso que cada uno tiene derecho a tener sobre el tema y no es discutible, la legalización del aborto pone en juego la vigencia y el respeto del derecho a la vida, el primero de todos los derechos humanos, incluida la salud; además, viola otras normas vigentes, algunas de nivel constitucional.

En la realidad argentina, una legislación de este tipo nos enfrenta a la triste realidad de nuevos “desaparecidos” (los materiales o restos tisulares de los niños abortados son tratados como residuos patógenos o, en ciertos casos, hasta se comercializan).

Según la Constitución Nacional, la salud pública y la protección integral de la madre y del niño son obligaciones fundamentales del Estado (que somos todos) desde el embarazo –deseado o no– y durante todo el tiempo de lactancia, aunque es obvio que esto debe continuar mientras el niño lo necesite y la familia no lo pueda brindar. Ninguna política que se desarrolle al respecto puede ir en detrimento de la vida de nadie (ni de la madre ni del niño por nacer, que es la persona más vulnerable de quienes formamos la sociedad argentina).

*Abogado

Edición Impresa

El texto original de este artículo fue publicado el 14/02/2020 en nuestra edición impresa.





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