La prórroga eterna – El Economista


Por Diego Piccardo Economista de la Fundación Libertad y Progreso

 

Luego de la asunción del Gobierno de Alberto Fernández, el Congreso sancionó una Ley de Emergencia imponiendo nuevos impuestos para atravesar la crisis. Si repasamos la Historia Argentina vemos que la gran mayoría de los impuestos actuales fueron sancionados en urgencia y de manera temporal.

 

Argentina vive de crisis en crisis y 2020 no será la excepción. A fines del 2019 se sancionó la Ley de Emergencia Económica que establece nuevos impuestos que, en la estrategia oficialista, son necesarios para la salida de la misma.

 

Lo que se observa es que siempre que entramos en una crisis, la solución “a la Argentina” es gravar a las personas con impuestos supuestamente temporales pero que, una vez superado el vaivén económico, no son suprimidos.

 

Hoy tenemos vigentes el Impuesto a los Débitos y Créditos Bancarios (más conocido como Impuesto al Cheque); el Impuesto al Valor Agregado (IVA) con una alícuota del 21% y las retenciones a las exportaciones, entre otros.

 

El impuesto al cheque fue sancionado el 24 de marzo del 2001 como consecuencia de la crisis que atravesaba nuestro país en esos momentos. El ministro que lo implementó fue Domingo Cavallo. En aquel entonces, necesitaba financiamiento para poder afrontar los pagos de deuda y para mantener la Convertibilidad a flote. Con la esperanza de que después de unos años la confianza en el Gobierno retornaría y que ya no iba a hacer falta dicho impuesto, el impuesto al cheque era un gravamen temporal hasta el 31 de diciembre del 2002. Sin embargo, antes de cada vencimiento se le fue aplicando una prórroga para que siga vigente.

 

El IVA comenzó a regir a partir de 1975 con una alícuota del 13%. Luego de subas y bajas de la alícuota, en 1992 llegó a una alícuota del 18%. No obstante, en marzo del 1995, mientras atravesábamos la Crisis del Tequila, el Congreso lo llevó al 21%, con la promesa de que sólo sería por el resto del año. Esto jamás sucedió.

 

Por su parte, el Impuesto a las Ganancias tiene su origen en 1933 en la presidencia de Agustín P. Justo cuando implementó el llamado “impuesto al rédito” de forma temporal para atravesar las secuelas de la crisis del ‘30. Su vigencia era hasta el 31 de diciembre de 1934: es decir, 87 años después sigue entre las promesas de campaña de infinidad de candidatos.

 

El Gobierno anterior no fue la excepción. En el 2018 anunció la vuelta de las retenciones a las exportaciones para todos los productos agrícolas hasta el 31 de diciembre del 2020. El por entonces presidente, Mauricio Macri, afirmaba que “es un impuesto malo, malísimo, que va en contra de lo que queremos fomentar, pero les tengo que pedir que entiendan, que es una emergencia y necesitamos de su aporte”. Otra vez, la palabra “emergencia” resuena como una justificación a la suba de impuestos “temporales”.

 

El diciembre pasado, el último nuevo impuesto temporal surgido de la Ley de Emergencia Económica dictada por el Congreso, que grava con 30% la compra de dólares (Impuesto PAIS) y tiene una vigencia de cinco años. Según el Gobierno es una forma que tenemos los argentinos de ser “solidarios” en este contexto de emergencia. Si el plazo del tributo se va a cumplir o no quedará en los pronósticos de cada uno, pero los antecedentes no son buenos.

 

Argentina vive de emergencia en emergencia, tapando con parches los problemas económicos. Recurre incansablemente a la improvisación permanente en lugar de hacer las reformas estructurales como hicieron los países que pudieron salir de la decadencia. Es hora de formular un plan económico que elimine gran parte de los impuestos distorsivos creados en épocas de emergencia. La única urgencia es sacarle el pie de encima al sector privado que es el verdadero generador de riqueza.

 





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