Un romance en la etapa de los reproches



En la política, como en la vida, por más Día de los Enamorados que marque el calendario, hay relaciones que se resquebrajan.

Esta semana, el grupo que nuclea a los principales empresarios de Córdoba, el G-6, emitió un duro documento en contra de los ajustes impositivos del gobierno nacional de Alberto Fernández, el provincial de Juan Schiaretti, y se detuvo con especial énfasis en el municipal de Martín Llaryora.

Hasta acá, las gestiones de Hacemos por Córdoba venían teniendo un marcado acompañamiento del sector empresarial, con muy acotados señalamientos.

Así como había ido casi de la mano con la gestión de Mauricio Macri, en Córdoba se había mantenido encolumnado detrás de Schiaretti y su proyecto.

Pero se corrió de esa línea con un documento que le pide a Schiaretti que no aumente Ingresos Brutos después de haberse caído el Consenso Fiscal entre la Nación y las provincias. Y que reclama a Llaryora por su “impuestazo”, al que definen como irracional, de dudosa legalidad y para nada correspondido con los servicios que presta el municipio.

El pronunciamiento empresarial se asemeja a la queja de numerosos vecinos, pero tiene algunas particularidades, en especial porque hay intereses productivos y de negocio en juego.

Los empresarios eligieron un tono fuertemente crítico para el nuevo Gobierno municipal. No sólo por lo que afecta a sus inversiones, sino para prevenir un posible efecto contagio en otras ciudades de la provincia.

Por eso, abrieron la puerta para un reclamo judicial ante la creación de nuevas imposiciones en el contexto de la emergencia municipal de Llaryora.

Dicen en las cámaras empresariales que, cada vez que a un intendente se le ocurre crear un tributo, tasa, impuesto o cargo, sus vecinos lo emulan y, con el argumento de la excepcionalidad, ahí quedan para siempre.

El Estado, en sus diferentes versiones, se está devorando todo a lo largo y ancho de la Argentina.

Los empresarios no recibieron respuestas públicas a la airada queja con la que pusieron un matiz crítico en el acompañamiento que venían haciendo de las gestiones del PJ cordobés.

Pero sí llegaron reproches en privado, en especial por la virulencia contra el nuevo intendente. Los llamados vinieron desde el Centro Cívico con la sugerencia de “cuidar a Llaryora”.

Los hombres de negocio tomaron nota de la protección dispuesta desde la gobernación hacia el intendente capitalino.

En la Municipalidad repiten el argumento de que la queja empresarial está direccionada a cargas que apuntan a una mayor equidad. En especial, señalan al sector desarrollista, porque dicen que reacciona ante contribuciones que desalientan la especulación inmobiliaria.

Y recuerdan que Llaryora no dudó en enfrentarse con corporaciones de peso cuando fue intendente de San Francisco, como el sector financiero, con una contribución extra para los bancos en la ciudad del este.

Todo ocurrió en conversaciones informales. Las defensas públicas al “cedulonazo” no han sido del todo exitosas y los estrategas llaryoristas han tenido que echar mano a otros temas para ocupar la agenda pública.

En esa línea se inscribe el debate por la alcoholemia cero al volante, que trae aparejada una discusión delicada en el ámbito municipal: la de los controles nocturnos y de espectáculos públicos.

Las sospechas que pesan sobre ese sector se han incrementado con las últimas gestiones municipales, varias de las cuales financiaron campañas con aportes de los empresarios de la noche.

En el Concejo Deliberante sostienen que el tratamiento de la alcoholemia cero vendrá acompañado de fuertes cambios en esos controles nocturnos. Los antecedentes no son auspiciosos respecto de la voluntad de ponerle el cascabel a ese gato.

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El texto original de este artículo fue publicado el 14/02/2020 en nuestra edición impresa.





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