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La lucha contra las pandillas genera tensión en El Salvador

El Salvador ingresó en los últimos días en una crisis política sin precedentes que tiene como telón de fondo la nueva estrategia del gobierno de Nayib Bukele para combatir a las pandillas, o “maras”, el principal flagelo de la nación centroamericana. El desencadenante es el crédito de 109 millones de dólares que El Salvador necesita solicitar al Banco Centroamericano de Integración Económica (Bcie) para financiar la fase III del Plan de Control Territorial para “modernizar” a las fuerzas de seguridad. Bukele, que llegó al poder el pasado 1º de junio tras dar la sorpresa en las elecciones presidenciales del 3 de febrero, ha hecho de la lucha contra las maras uno de los ejes de su gobierno. Así, en su primer mes como presidente, anunció el Plan de Control Territorial para combatir a las pandillas, que se desarrollará en tres fases con un costo total de 575,2 millones de dólares, de los cuales unos 200 millones de dólares deberían salir del Bcie. El Bcie ya ha dado luz verde a la ejecución de este dinero entre 2019 y 2021, si bien aún es necesario que la Asamblea Legislativa de El Salvador ratifique los contratos de préstamo. Precisamente con esta intención, Bukele anunció el pasado jueves que el Consejo de Ministros convocaría para el domingo siguiente una sesión extraordinaria en el Congreso. El mandatario se amparó en el artículo 167.7 de la Constitución, según el cual el Gobierno puede forzar una reunión plenaria “cuando los intereses de la República lo ameriten”. El Parlamento reaccionó el viernes rechazando por 64 votos frente a tres y una abstención la sesión extraordinaria, porque “no basta la simple invocación de la seguridad nacional” para activar el artículo 167.7, “que debe utilizarse de modo excepcional debidamente motivado” por “reales circunstancias fácticas”. “No obstante que el tema de seguridad tiene una alta prioridad para este pleno, la autorización de un préstamo no constituye emergencia constitucional, sino que ello implica endeudamiento, para lo cual la Asamblea Legislativa, de conformidad con la Constitución, está en la facultad para hacer un control en las finanzas públicas”, esgrimió. Entonces, Bukele invocó directamente al artículo 87, por virtud del cual “se reconoce el derecho del pueblo a la insurrección para el solo objeto de restablecer el orden constitucional alterado por la transgresión de las normas relativas a la forma de gobierno o al sistema político establecidos, o por graves violaciones a los derechos consagrados en la Constitución”. Obedientes En medio de este choque de poderes, los jefes de las Fuerzas Armadas y de la Policía, el ministro de Defensa René Merino y Mauricio Arriaza, respectivamente, ratificaron que los uniformados se mantienen “obedientes” a Bukele. El domingo, militares y policías fueron a buscar a los diputados opositores a sus casas con la orden “verbal” de Bukele para que participaran en la sesión extraordinaria, pese a lo cual muchos se negaron. “Yo le pregunté a Dios y me dijo: ‘paciencia’”, dijo Bukele ante sus seguidores, concentrados frente al Congreso. “Si estos sinvergüenzas no aprueban el Plan de Control Territorial, los volveremos a convocar el día domingo (…). Una semana más les vamos a dar”, indicó, prolongando así la crisis política. Los dos pilares del gobierno de Bukele son la lucha contra la violencia y la corrupción, que han confluido en el marco de las investigaciones contra dirigentes del FMLN y de Arena por sus presuntos vínculos con las pandillas. La operación Cuscatlán contra las bandas criminales terminó en diciembre con 373 pandilleros condenados, muchos de los cuales testificaron que tanto dirigentes del FMLN como de Arena se reunieron con las pandillas para conseguir su apoyo de cara a las elecciones de 2014 y de 2015. Este operativo de seguridad se enmarca en el plan de Bukele contra las pandillas, con el que busca, por un lado, recuperar el control de los territorios que ahora controlan las maras, y, por el otro, “descabezar” a estas bandas criminales en las cárceles. Bukele persigue de esta forma un doble objetivo: asfixiar económicamente a las pandillas, ya que, al privarlas de su territorio las privaría también de sus negocios, entre los que se destacan el narcomenudeo y la extorsión; y cortar la cadena de mando, puesto que la mayoría de las órdenes proceden de los cabecillas apresados. Para Bukele hay una clara relación entre la negativa de los diputados del FMLN y de Arena a lanzar la fase III del Plan de Control Territorial y el cada vez más estrecho cerco judicial sobre sus dirigentes por sus supuestos nexos con las pandillas. La oposición, en cambio, ha alertado sobre un “autogolpe” y ya denunció a Bukele por un delito de sedición. Las 5 claves: Conflicto en El Salvador La puja entre Nayib Bukele y el Parlamento. 1. Eje de gobierno. Desde que asumió, en junio de 2019, Bukele hizo de la lucha contra las pandillas (“maras”) su principal objetivo. 2. Parlamento ajeno. Bukele carece de apoyos en el Congreso, por lo que debe negociar cada ley que impulsa. 3. Crédito. Para combatir a las maras, Bukele solicitó un préstamo de U$S 109 millones que deber aprobar el Congreso. 4. Negativa. El Parlamento rechazó el viernes la sesión extraordinaria para debatir el préstamo. Bukele recurrió a la fuerza militar. 5. El plazo. Con el Congreso tomado por los militares, Bukele les dio una semana más a los parlamentarios para que votaran. Edición Impresa El texto original de este artículo fue publicado el 11/02/2020 en nuestra edición impresa. Fuente

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El gobierno de Añez impide a Evo participar de las elecciones

La Paz. La autoproclamada presidenta interina de Bolivia, Jeanine Añez, afirmó que el expresidente Evo Morales no está habilitado para participar en las nuevas elecciones que convocará su gobierno. En una rueda de prensa, Añez dijo que “toda la convulsión social’’ que atraviesa Bolivia es consecuencia de la insistencia de Morales de postularse a un cuarto mandato y aconsejó al Movimiento al Socialismo (MAS), el partido del exmandatario ahora asilado en México, que busque otro candidato. “El MAS tiene todo el derecho de participar en elecciones, que busquen candidatos. Evo y (el exvicepresidente Álvaro) García Linera no pueden participar, no están habilitados’’, dijo Añez. Morales quedó habilitado para participar en las elecciones del 20 de octubre, calificadas de fraudulentas por la oposición, por un fallo constitucional después de perder un referendo que le dijo “no’’ a su postulación no autorizada por la Constitución. Añez declaró que hará gestiones para anular ese fallo, que sólo puede ser revocado por el mismo tribunal que lo dictó. Más temprano acusó a Morales de avivar las protestas desde su exilio y anticipó que presentará una queja a la administración de Andrés Manuel López Obrador. “México debe hacer respetar el protocolo de refugiado con Evo Morales’’, dijo Añez, y acotó que el exmandatario se dio a la tarea de “hacer descalificaciones’’. Morales se refugió en México tras renunciar, acorralado por las protestas sociales y por la presión de las Fuerzas Armadas tras las elecciones. En una rueda de prensa en México ayer, llamó a un acuerdo nacional para pacificar Bolivia con el apoyo de países “amigos’’ y dijo que está dispuesto a volver si el pueblo se lo pide. Protestas Su partida no aplacó las protestas que primero fueron en contra del supuesto fraude electoral y que ahora son protagonizadas por partidarios de Morales que no reconocen a Añez. En Nueva York, el secretario General de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, anunció que enviará al funcionario Jean Arnault para establecer contacto “con todos los actores’’ políticos en procura de pacificar Bolivia. Guterres se manifestó “profundamente preocupado’’ por los acontecimientos en el país sudamericano y reiteró su llamado a los bolivianos “para que ejerzan la máxima moderación’’, según su portavoz. El nuevo ministro de Gobierno, Arturo Murillo, acusó a Juan Ramón Quintana, brazo derecho de Morales, de estar activando las protestas. “Vamos a ir a la cacería de Quintana. ¿Por qué es cacería? Porque es un animal que está matando gente’’, dijo en referencia al exministro de la presidencia y exembajador en Cuba. Desde que estallaron las protestas, el 20 de octubre, han muerto 10 personas, según la Fiscalía. Poder intacto Morales y su partido mantienen intacto su poder en alcaldías, en sindicatos y en organizaciones indígenas que han controlado en los 13 años y nueve meses en que estuvieron en el poder. Además, su mayoría legislativa comenzó a complicar a la nueva administración. Añez, que se autoproclamó presidenta interina, parece tener el respaldo de la Policía, del Ejército, de la Iglesia y de la oposición cívica y política. El miércoles se desataron violentos enfrentamientos entre leales a Morales y la Policía de La Paz que se extendieron hasta bien entrada la noche. Los seguidores del exmandatario también salieron a la calle en la vecina ciudad de El Alto, bastión de Morales, con la bandera indígena multicolor Wiphala y cantando “¡Ahora sí, guerra civil!’’. Los cortes de ruta en esa ciudad provocaron ayer escasez de nafta en La Paz. En el centro de la ciudad, los manifestantes arrojaron piedras, arrancaron placas de metal y tablones de madera de obras para usarlos como armas y algunos prendieron cartuchos de dinamita. Policías antimotines respondieron con gases lacrimógenos, mientras aviones de combate sobrevolaban a baja altura por encima de la multitud en una demostración de fuerza. Morales cambió la política de Bolivia, gobernada durante décadas por descendientes de europeos, al revertir la desigualdad y lograr un crecimiento sostenido. Sigue siendo una figura popular, especialmente entre los aymaras, el grupo étnico al que pertenece. Inquietud de Cancillería Por periodistas argentinos Los equipos de TN, América y Telefe fueron hostigados. El Ministerio de Relaciones Exteriores de Argentina pidió a las autoridades de Bolivia “velar por la seguridad e integridad física” de los periodistas argentinos que están trabajando en ese país luego de que, en las últimas horas, fueron sometidos a “situaciones de violencia”. Los equipos periodísticos de los canales de Buenos Aires TN, América y Telefe fueron hostigados mientras realizaban la cobertura de lo que sucedía en las calles de Bolivia. *Agencia AP Edición Impresa El texto original de este artículo fue publicado el 15/11/2019 en nuestra edición impresa. Fuente

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Crece la incertidumbre económica en Chile

Mientras la oposición y el gobierno del presidente Sebastián Piñera negocian contrarreloj un acuerdo sobre la forma de renovar la Constitución chilena, la moneda local continúa desplomándose y el país entra en su cuarta semana de protestas. Frente a la opción oficialista que pretende una reforma a través de un Congreso Constituyente –con los actuales legisladores– y la demanda de la oposición de que se establezca una Asamblea Constituyente formada por ciudadanos electos, parece abrirse paso un mecanismo alternativo que mezcla legisladores y ciudadanos. Mínimo histórico En tanto, el peso chileno se depreció hasta tocar un nuevo mínimo histórico y el dólar cotizó a 820 pesos chilenos, una cifra inimaginable hace menos de un mes. Antes del estallido de la crisis, la divisa se cambiaba por entre 710 y 720 pesos chilenos. La caída del peso invoca entre los distintos sectores el temor de la recesión en la que puede caer Chile si no soluciona pronto su revuelta social, para la que parece no haber una salida fácil ni clara. La Cámara Nacional de Comercio advirtió que se podrían perder 100 mil empleos en las próximas semanas de pequeños y medianos comercios que no pueden abrir sus puertas, han sido saqueados u operan con horarios reducidos. En tanto, dirigentes del sector advirtieron que ya se perdieron unos 50 mil puestos de trabajo. El 18 de octubre, un alza en la tarifa del metro detonó incendios y ataques en la mayoría de sus estaciones, que dieron paso a multitudinarias protestas y saqueos en todo el país en demanda de mejoras en la educación y en la salud, de la reforma del sistema de pensiones y de una nueva Constitución que reemplace la heredada de la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990). Edición Impresa El texto original de este artículo fue publicado el 15/11/2019 en nuestra edición impresa. Fuente

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Seguidores de Evo Morales desafían a la líder interina

La Paz. Jeanine Añez, la senadora opositora que el martes reclamó la presidencia interina de Bolivia, llamó ayer a reponer la paz y el orden constitucional ante nuevas protestas callejeras, esta vez de partidarios de Evo Morales, que pedían el regreso del exmandatario tras su renuncia y exilio en México. Poco antes, Añez anunció que tendrá dos tareas fundamentales: convocar a nuevas elecciones en tres meses y anular la sentencia del Tribunal Constitucional que permitió a Morales postularse a un cuarto mandato en los comicios del 20 de octubre. Si logra esto último, el líder indígena no podría participar en los próximos comicios. En tanto, los parlamentarios de su partido, el Movimiento al Socialismo (MAS), que controla la mayoría en la Asamblea Legislativa, iniciaron una ofensiva política destinada a anular la autoproclamación de Añez, que tildan de ilegal, según dijo el diputado Juan Cala. Los legisladores alegan que la sesión del Senado que permitió a Añez colocarse en la línea de la sucesión no tuvo cuórum. Protestas e incidentes En tanto, la Policía debió usar gases para dispersar una protesta que pretendía ingresar hasta la Asamblea para pedir el regreso del exmandatario. Morales renunció el domingo cercado por las protestas por supuesto fraude electoral y por la presión de las Fuerzas Armadas. Ayer, la Policía le dio su reconocimiento a Añez. En su primera acción y antes de nombrar ministros, la declarada mandataria cambió al alto mando militar y designó al general de Ejército, Carlos Orellana, como comandante en jefe de las Fuerzas Armadas en reemplazo del general William Kalimán, hombre de confianza de Morales. El Instituto de Investigaciones Forenses confirmó que hasta el momento 10 personas murieron en todo el país. Más temprano, cocaleros del Chapare, bastión de Morales, tomaron una vital carretera que une el occidente con Santa Cruz, en el oriente. “Exigimos el regreso de nuestro líder’’, dijo la dirigente cocalera Segundina Orellana. Campesinos de otras regiones iniciaron protestas similares. En La Paz, los manifestantes exigían que Morales completara su mandato, que expiraba el 21 de enero de 2020. El senador Arturo Murillo, ahora colaborador de Añez, denunció al exministro Juan Ramón Quintana de estar operando desde la clandestinidad para articular las protestas contra el nuevo gobierno. El Tribunal Constitucional avaló el procedimiento por el que Añez se declaró presidenta interina ante el vacío de poder que generaron la renuncia de Morales y su posterior ausencia del país. Desde la Ciudad de México, Morales llamó a los actores del conflicto a participar en un diálogo nacional acompañado por países “amigos’’ y organismos internacionales. También acusó a la Organización de Estados Americanos (OEA) de servir más a los intereses de Estados Unidos que a los de los pueblos latinoamericanos. Ese organismo reveló irregularidades en el conteo de los votos de las elecciones presidenciales, lo que atizó las protestas y aceleró la renuncia del mandatario. Añez sumó apoyo de Estados Unidos y de Brasil, pero su proclamación fue cuestionada por líderes afines a Morales, como el presidente electo Alberto Fernández. La mandataria contactó al autoproclamado presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, a quien le propuso enviar un embajador a Bolivia, según dijo Añez en Twitter. La actual embajadora, que responde al presidente Nicolás Maduro, repudió la proclamación de la “supuesta jefa de Estado” y catalogó el acto de elección como una parodia al no haber contado con el cuórum necesario. Elogios de Estados Unidos Por su parte, el Departamento de Estado de Estados Unido, emitió comentarios en los que elogió a Añez y dijo que la elección de la mandataria “está con la Constitución boliviana’’, al tiempo que llamó a la paz en el país. Brasil, el principal socio comercial de Bolivia, felicitó la asunción “constitucional’’ de Añez y agradeció “su determinación de trabajar por la pacificación de Bolivia y por la pronta celebración de elecciones’’, según un comunicado de la Cancillería brasileña. En Argentina, la vicepresidenta electa, Cristina Fernández, comentó en Twitter que “se ha instalado una nueva moda en Latinoamérica: parece que los presidentes ya no los eligen los pueblos… Ahora se autoproclaman con gran patrocinio mediático e inmediato reconocimiento de ya sabemos quién… y dicen hacerlo en nombre de la democracia’’. “Elecciones libres y justas son el camino para salir de la crisis, pero estas condiciones no existen actualmente y crear estas condiciones será una tarea enorme por la polarización política’’, dijo Fiona Mackie, directora para Latinoamérica de The Economist Intelligence Unit al referirse a los desafíos que afrontará Añez. Morales estuvo casi 14 años en el poder. Fue el primer presidente indígena y el que más años gobernó Bolivia, pero los escándalos de corrupción, su afán de reelegirse desconociendo un referendo y sus formas autoritarias mermaron su popularidad. Evo Morales: “Estoy dispuesto a volver a Bolivia y, para pacificar, no ser candidato” En México. Morales fue nombrado “Huésped Distinguido”. (AP)El expresidente de Bolivia Evo Morales, asilado en México, sostuvo que está dispuesto a regresar a su país y a no ser candidato a presidente si es que ese hecho disminuye la violencia. “Estoy dispuesto a volver a Bolivia y, para pacificar, no ser candidato”, expresó Morales en diálogo con el diario español El País. El presidente renunciante manifestó que “el golpe de Estado empezó el 21 de octubre, después de las elecciones, con la falsa acusación de que había fraude. Ahora me doy cuenta de que la denuncia es el verdadero fraude”. Desde México, adonde llegó el martes para asilarse, Morales hizo un llamado para realizar un diálogo nacional y pacificar Bolivia. “Convocamos un diálogo nacional, desde aquí, con agenda abierta, nos pueden acompañar naciones amigas, organismos internacionales”, expresó. Morales reiteró que la autoproclamación de Jeanine Añez es inconstitucional y recordó que su renuncia aún no fue aprobada por falta de cuórum. “Lo primero que tiene que hacer la Asamblea es rechazar o aprobar mi renuncia. Mientras no lo haga, sigo siendo presidente. Una vez aprobada, le correspondería al vicepresidente, que también ha renunciado; constitucionalmente, después va la presidenta del Senado, Adriana Salvatierra. Esa supuesta...

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Crisis en Bolivia: nuevos enfrentamientos en el centro de La Paz

Sectores afines a Evo Morales, que renunció a la Presidencia de Bolivia el pasado domingo, marcharon este miércoles a La Paz y bloquean carreteras en otras regiones para protestar por su dimisión y exigir la salida de la autoproclamada presidenta interina, Jeanine Áñez.(AP)Una multitud, en su mayoría de indígenas y vecinos de la ciudad de El Alto, llegaron en marcha hasta la vecina La Paz portando la whipala, la multicolor enseña indígena y algunos gritaban la consigna “ahora sí guerra civil”. Con el objetivo de protestar en contra de Áñez y la Policía Boliviana, algunos grupos intentaron entrar a la plaza Murillo, la sede del Palacio de Gobierno y del Legislativo. No obstante, fueron repelidos por la Policía con gases lacrimógenos. En tanto, otro grupo de manifestantes incendió las puertas de una casa patrimonial situada cerca de la plaza Mayor de San Francisco. Luego, en regiones como la central Cochabamba, campesinos y productores de hojas de coca afines a Morales iniciaron bloqueos en carreteras como las que van hacia la oriental Santa Cruz, también en demanda del retorno de Evo Morales. Whipala, ¿símbolo de división? La wiphala es un símbolo de comunidades andinas reconocido en la Constitución boliviana. No obstante, en el marco de la crisis política que convulsiona Bolivia, evidenció la fractura social y política, ya que para muchos representa a los sectores partidarios de Evo Morales.(AP)El domingo pasado, luego de que Evo Morales renunciara a la Presidencia, algunos ciudadanos salieron a las calles a celebrar dicho pronunciamiento. Pero, en varias regiones del país, patearon y quemaron la multicolor wiphala, lo que desató la indignación del oficialismo indigenista, que lo calificó de actos racistas. A raíz de esto, numerosos grupos de comunidades indígenas se manifestaron a lo largo del país bajo el lema: “¡La wiphala se respeta, carajao!”.(AP)Víctimas fatales y heridos La crisis en Bolivia desatada tras las elecciones generales del 20 de octubre dejó ocho muertos, 508 heridos y 460 detenidos en distintos incidentes en 24 días de manifestaciones. Las datos salen de la Defensoría del Pueblo del paíz vecino. Uno de los fallecimientos más recientes se produjo el martes, cuando pereció el comandante de la unidad de operaciones especiales de la Policía de La Paz, tras sufrir un accidente el domingo pasado en una autopista de la ciudad cuando trataba de controlar unas protestas.(AP) La mayoría de los heridos, 469, sufrieron lesiones causadas por civiles, mientras que los otros 39 tuvieron que ser atendidos por lesiones originadas por la Policía, según el reporte. Más de la crisis en Bolivia Fuente

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Roberto Lavagna: Evo no interpretó la decisión de las urnas

El líder de Consenso Federal, que obtuvo el tercer lugar en las últimas elecciones presidenciales en Argentina, se refirió a la renuncia de Evo Morales y expresó su opinión al respecto. En su cuenta de Twitter personal, dijo que “la democracia y la paz deben primar en Bolivia” y que “la intervención militar es deplorable”.  La democracia y la paz deben primar en Bolivia. #EvoMorales obtuvo logros para los bolivianos pero no interpretó la decisión de las urnas sobre su derecho a otra reelección ni los reclamos de transparencia en el resultado electoral. Aún así, la intervención militar es deplorable. Lavagna suele opinar de política internacional en sus redes sociales. El pasado viernes dijo que era bueno “ver a Lula libre”, tras la liberación del expresidente brasileño.  Los mensajes del exministro de Economía suelen tener un tono conciliador, en sintonía con su campaña electoral de las últimas elecciones, que buscaba “cerrar la grieta entre los argentinos” según sus propias palabras. Fuente

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Evo Morales se impone, pero desde el exterior piden un balotaje

Mientras Argentina, Brasil, Colombia y Estados Unidos, junto con la Unión Europea, plantearon que en caso de no haber un claro ganador en Bolivia se convoque a una segunda vuelta electoral, la distancia entre el presidente Evo Morales y su rival Carlos Mesa es ínfima y todavía no se proclamó un ganador de los comicios presidenciales del domingo pasado. En la misma sintonía, la OEA solicitó que hasta que no finalice su auditoría, no se reconozca a un candidato vencedor. Con el 99,99 por ciento de los votos escrutados, el actual presidente obtiene el 47,07% de los votos y aventaja a Mesa (36,51%) por un 10,56%, lo que le permitiría acceder a su cuarto mandato sin necesidad de una segunda vuelta. Sin embargo, distintos gobiernos han planteado la realización de una segunda vuelta electoral en caso de que el gobierno boliviano no pueda garantizar junto con la Misión de Observación Electoral (MOE) de la OEA “un escrutinio transparente y creíble”. “En el caso que la MOE no esté en condiciones de verificar los resultados de la primera vuelta, llamamos al Gobierno de Bolivia a restaurar la credibilidad de su sistema electoral a través de la convocatoria a una segunda vuelta electoral, que sea libre, justa y transparente, entre los dos candidatos más votados”, manifestaron los gobiernos de países Argentina, Brasil, Colombia y EE. UU. en un comunicado. La Unión Europea se pronunció en igual sentido. “La UE comparte totalmente la valoración de la Organización de los Estados Americanos (OEA) de que las autoridades bolivianas deberían finalizar el recuento y de que la mejor opción sería celebrar una segunda vuelta para restaurar la confianza y garantizar el respeto total a la elección democrática del pueblo boliviano”, dijo el bloque en un comunicado. El Secretario General Luis Almagro reiteró la solicitud de que se celebre una segunda vuelta por considerar que es la “salida más democrática” y que los resultados de la auditoría que está realizando deben tener carácter vinculante para ambas partes. El canciller boliviano Diego Pary dijo que su gobierno reconocerá los resultados de la auditoría de la OEA, pero subrayó que la Constitución asigna la decisión final sobre un ganador al Tribunal Supremo Electoral. Pary rehusó responder qué pasaría si la OEA y el TSE llegan a conclusiones contradictorias, e indicó que su equipo actualmente negocia con la OEA los detalles para celebrar la auditoría, incluyendo su posible carácter vinculante. Mientras ayer hubo movilizaciones en apoyo y en contra, el presidente Evo Morales les pidió a sus seguidores “no entrar a la provocación y la confrontación”, culpando a quienes no lo “acepten” como presidente “de cualquier hecho lamentable” que pueda producirse. Edición Impresa El texto original de este artículo fue publicado el 25/10/2019 en nuestra edición impresa. Fuente

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“Chile despertó”: las impactantes imágenes de las protestas

Chile vivió este martes una quinta jornada consecutiva de caos, con largas batallas campales entre fuerzas de seguridad y manifestantes, saqueos contra comercios y multitudinarias demostraciones de protesta, que forzaron al gobierno a trabajar en la elaboración de una agenda de “cambio social” para frenar un estallido social que dejó quince muertos, cientos de heridos y más de un millar de detenidos. Fotos: AP y DPA. Fuente

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Qué pasa en Ecuador y qué tiene que ver el FMI

El país ecuatoriano vive una fuerte crisis institucional y política como consecuencia de unas medidas de ajustes económicos dictadas por el presidente Lenin Moreno, entre ellos dejar de subsidiar los combustibles, que desataron una ola de protestas en Ecuador. Desde la semana pasada, el país centroamericano vive una ola de disturbios y protestas, principalmente, por la cancelación del subsidio a los combustibles, una decisión tomada por Moreno para incrementar los ingresos del Estado y, con ello, satisfacer las demandas del Fondo Monetario Internacional (FMI). El mandatario Lenín Moreno decidió retirar la semana pasada el subsidio estatal de 1.300 millones de dólares al precio de la gasolina y el diésel a fin de equilibrar la caja fiscal que arrastra un permanente déficit causado por el alto endeudamiento generado especialmente durante la pasada administración de Rafael Correa (2007-2017), según el gobierno.(AP)El FMI, así como otros organismos internacionales, concedieron recientemente al país a una línea de crédito de más de 10 mil millones de dólares. El plan de Moreno provocó una oleada de manifestaciones y de movilizaciones de distintos sectores de la sociedad que se ha ido recrudeciendo en las últimas horas.  La subida del precio de los combustibles ocasionó protestas de transportistas que desde hace una semana dejaron sin transporte al país, luego se sumaron estudiantes y finalmente indígenas quienes bloquean la circulación vehicular en las vías, incluida la Panamericana. En la capital los supermercados lucían con estantes vacíos o con pocos alimentos. Los ecuatorianos enfrentaban el martes un período de incertidumbre debido a la falta de transporte público de pasajeros en las grandes ciudades y de carga para abastecer los mercados por los bloqueos y la movilización que protagonizan miles de indígenas como rechazo al alza de los precios de los combustibles. Las autoridades confirmaron cerca de 570 detenidos por obstaculizar el tránsito, suspender servicios públicos y agredir a la policía. En tanto, un joven que resultó herido en una de las protestas que tienen lugar en Quito falleció este martes en un hospital, con lo que ascendieron a dos las muertes relacionadas con la ola de manifestaciones contra las medidas económicas del Gobierno. La primera se produjo en una carretera cerca de la ciudad de Cuenca (sur), cuando un hombre de 35 años fue atropellado por un vehículo mientras participaba en otra manifestación. Protestas indígenas Miles de indígenas bloquearon vías y se enfrentaron con palos y piedras a militares y policías, incluso, capturaron una tanqueta de los uniformados y la incendiaron, al abrirse paso el lunes hacia la capital, como rechazo al alza de los precios de los combustibles, según publicó AP. Los indígenas se apostaron en un parque del centro norte quiteño e impiden que cualquier persona que no sea de sus comunidades se aproxime a ese punto, mientras que otros cientos seguían llegando a la capital armados con palos. El presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas, la mayor de su tipo, Jaime Vargas, afirmó que “hemos dicho que no habrá diálogo mientras no se deroguen (las medidas económicas)… condenamos que ha habido un grupo de personas, que creo que son infiltrados del mismo gobierno… que han tratado de desacreditar, de manchar la imagen política y de lucha del movimiento indígena”.   Toma y ocupación El ministerio de Energía dijo que la noche del lunes un grupo de personas tomaron las instalaciones de control del principal oleoducto del país y atacaron otras instalaciones petrolíferas, generando una paralización por casi dos horas y media e impidió el bombeo de 36.239 barriles de petróleo, lo que causó pérdidas por 1,7 millones de dólares y señaló que el hecho fue denunciado a la fiscalía como sabotaje. La empresa estatal Petroecuador, aseveró que debido a los disturbios en las provincias de Orellana y Sucumbíos, no han logrado restablecer las operaciones de producción por lo que “estima que de mantenerse esta medida, las pérdidas de producción petrolera alcanzarán los 165.000 barriles diarios”, informó AP. Este martes, miles de manifestantes ecuatorianos ocuparon, por espacio de una hora, la sede de la Asamblea Nacional en Quito y exigieron la salida del poder del presidente Lenín Moreno. Al grito de “¡Fuera Moreno, fuera!”, los manifestantes protagonizaron duros enfrentamientos con policías y militares que resguardaban el recinto, ante la inminente llegada de la protesta. Al final, los manifestantes fueron desalojados del lugar y se dirigieron a engrosar otras marchas de protesta por las calles céntricas de Quito para intentar llegar al Palacio de Gobierno, en el casco histórico de la ciudad. La Policía motorizada, apoyada por unidades caninas y una guardia montada logró establecer unos cuatro o cinco cercos de seguridad en en la plaza principal que da acceso a la sede parlamentaria. Con el uso de la fuerza y gases lacrimógenos los efectivos policiales, a los que se sumaron militares, desalojaron a los manifestantes que se habían atrincherado en la entrada principal de la Asamblea enarbolando banderas tricolores y de las organizaciones de base. Tras las primeras protestas, el gobierno decretó la semana pasada un estado de excepción en todo el territorio nacional, lo que restringe derechos ciudadanos y faculta al Estado a efectuar requisiciones si lo considera necesario. No es inusual que el gobierno utilice ese estado, la última vez que lo decretó fue a mediados de año para hacer frente a problemas en las cárceles del país.(AP)Las actividades escolares de escuelas, colegios y universidades están suspendidas en la región andina, pero en el resto del país la actividad era relativamente normal. Cambio de sede Moreno anunció este lunes, en un mensaje a la nación, el traslado de la sede del Gobierno desde Quito, la capital, hasta la ciudad costera de Guayaquil, tras las fuertes protestas ocurridas el lunes cerca del palacio de Carondelet, de las que culpó a su antecesor, Rafael Correa, de gestar un intento de “golpe de Estado”. Desde Guayaquil, el mandatario ratificó que mantendrá el aumento del precio de los combustibles, rechazó los saqueos y ataques a entidades estatales y fincas agrícolas protagonizadas por indígenas, al tiempo que volvió a invitar al...

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Fragilidades expuestas

La reciente crisis peruana en la que Congreso y presidente se anulan mutuamente, con el saldo de dos presidentes en un país con récords de exmandatarios procesados, detenidos y prófugos, bien podría ser el espejo en el que se miran no pocas sociedades latinoamericanas afectadas por males similares. Es además la constatación de la fragilidad de los sistemas democráticos de la región. Crisis institucional en Perú: renunció la presidenta interina nombrada por el Congreso Es fácil repasar el listado: la debacle venezolana precipitada por el más grosero experimento populista de las últimas décadas; la pretensión imperial de Evo Morales de sucederse a sí mismo para regir los destinos de Bolivia durante 25 años; la reciente crisis paraguaya atribuible a su claudicación ante la política exterior brasileña; la inestabilidad ecuatoriana; el régimen autoritario del matrimonio Ortega en Nicaragua; la espiralización de la violencia mejicana, o el caso brasileño, con la llegada al poder por la vía democrática de un presidente que reniega de la inclusión, de la tolerancia y hasta de las garantías jurídicas propias del sistema. Demasiados datos como para suponer que lo que en otros lugares del mundo funciona de manera aceptable, entre nosotros deja una constante sensación de fracaso. Los argentinos no somos ajenos a ese cuadro: desde 1983, hemos venido reiterando nuestra extraña capacidad para tropezar siempre con la misma piedra, mientras la democracia no logra educar, curar y alimentar, esa suerte de postulados de origen que se confronta con los fríos números de una economía en constante retroceso. Podría suponerse que no estamos hechos para la democracia o que esta no fue hecha para nosotros, en el afán de seguir culpando al instrumento y no a quienes lo operan, en el cómodo y sistemático olvido de lo que debería ser el dato central: que la democracia es lo que cada uno de nosotros quiere que sea y todo la que tenemos es lo que entre todos hemos conseguido. Mal que nos pese, deberíamos asumir que no somos ajenos a la causa de nuestros males y que cualquiera sea el remedio elegido, este estaría condenado al fracaso si les toca aplicarlo a los mismos que antes no tuvieron éxito. Es probable que nuestra incredulidad democrática sea la consecuencia directa de nuestra falta de fe en que tan luego nosotros podamos realizarla en plenitud, generando una dirigencia acorde con la magnitud del objetivo. Pero, más allá de especulaciones, deberíamos atender al simple dato de que la fragilidad de nuestra vida institucional, aquí y en otras partes, deja siempre el resquicio para quienes predican el simplismo como solución y olvidan que el secreto de toda democracia estriba en su capacidad para crear más democracia. Mercedes Araóz. (AP/Archivo) Fuente

La Voz del Interior

Vizcarra disolvió el Congreso y llamó a elecciones parlamentarias en Perú

Lima. El presidente peruano, Martín Vizcarra, disolvió ayer el Congreso luego de un prolongado enfrentamiento con la oposición en lo que constituye el choque más profundo entre dos poderes del Estado en más de 27 años. En un mensaje a la nación desde el palacio presidencial, Vizcarra dijo que se le denegó de forma fáctica un voto de confianza que solicitó y por ello decidió “disolver el Congreso y llamar a elecciones de congresistas de la República”. Como respuesta, un grupo de diputados contrarios a Vizcarra lanzó un proyecto de destitución presidencial por “incapacidad moral permanente”. Según la Constitución, un presidente puede cerrar el Congreso y convocar a elecciones para elegir nuevos congresistas si el Legislativo rechaza en dos oportunidades un voto de confianza, el cual implica el respaldo al Ejecutivo en un determinado proyecto de ley. El Parlamento ya negó un voto de confianza al gobierno durante la gestión de Pedro Pablo Kuczynski, a quien Vizcarra reemplazó luego de su renuncia por acusaciones de nexos con la constructora brasileña Odebrecht. Vizcarra enfatizó que el cierre del Parlamento que dispuso “está dentro de las facultades contenidas” en la Constitución y que “busca dar un fin a esta etapa de entrampamiento político que ha impedido que Perú crezca al ritmo de sus posibilidades”. Dijo que espera que “esta medida excepcional permita que la ciudadanía finalmente se exprese y defina en las urnas y mediante su participación el futuro de nuestro país”. Aseguró que los peruanos “seguirán encontrando en este presidente a un mandatario profundamente respetuoso de la Constitución y dispuesto siempre a dar la lucha ante la corrupción”. Vizcarra tomó la decisión después de que el Congreso lo desafió y eligió a un nuevo miembro del Tribunal Constitucional (TC) sin discutir la cuestión de confianza presentada por el Ejecutivo para intentar detener ese proceso. La decisión del Legislativo, que domina el partido fujimorista Fuerza Popular, se tomó en medio de una jornada caótica, que a primera hora incluyó la presentación del pedido de confianza por el primer ministro, Salvador del Solar, quien poco antes se encontró con las puertas del hemiciclo cerradas. Vizcarra había adelantado el domingo que si el Congreso no procedía de inmediato con la cuestión de confianza solicitada, o continuaba con el controvertido proceso de elección, el Gobierno actuaría “con la Constitución” y disolvería la Cámara. Sin embargo, a pesar de las protestas de los legisladores de izquierda y liberales, el presidente del Congreso, el empresario Pedro Olaechea, llevó a voto la candidatura para integrar el TC del jurista Gonzalo Ortiz de Zevallos, quien es su primo hermano. Esta candidatura obtuvo el mínimo de 87 votos exigidos, aunque luego la legisladora izquierdista María Elena Foronda denunció que fue reemplazada y su votación apareció como favorable, por lo que anunció que presentará una denuncia ante la Fiscalía. Los diputados se encontraban en pleno debate sobre este tema cuando se conoció la decisión del mandatario, lo que generó que la discusión culminara de forma abrupta. Edición Impresa El texto original de este artículo fue publicado el 1/10/2019 en nuestra edición impresa. Fuente