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La Voz del Interior

Imputaron a los 10 detenidos acusados de violación en manada en Carlos Paz

Los 10 jóvenes detenidos este sábado acusados de abusar en manada a una chica de 18 años en Villa Carlos Paz fueron imputados del delito de abuso sexual con acceso carnal. El fiscal de la causa, Ricardo Mazzuchi, no decidió aún su traslado al penal de Bouwer y los jóvenes, todos oriundos de Buenos Aires, permanecen alojados en la Alcaidía de la Departamental Punilla.  La investigación se lleva adelante bajo un fuerte hermetismo y lo que pudo saberse es que el hecho ocurrió entre la noche del jueves y la madrugada del viernes en una casa que el grupo de amigos de Buenos Aires había alquilado para pasar unos días de vacaciones. Tampoco se brindaron precisiones sobre el domicilio en que ocurrieron los hechos.  Trascendió, además, que entre los presuntos autores del hecho hay dos que forman parte de las divisiones juveniles del club Huracán de Parque Patricios. En el encuentro participaron, además, otras cuatro chicas que – según indicaron fuentes de la causa – dieron su versión de los hechos, aunque no quedaron detenidas, tal como se informó en un primer momento. (*) Corresponsalía Villa Carlos Paz. Fuente

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Imputan a Macri y cuatro funcionarios por acuerdos con el Reino Unido

El fiscal federal Jorge Di Lello decidió imputar al presidente Mauricio Macri y funcionarios de su gobierno por presunta “traición a la Patria” por acuerdos firmados con el Reino Unido en 2016 y pidió que se suspenda el primer vuelo que el 20 de noviembre unirá San Pablo con las Islas Malvinas, con escala en Córdoba.  Así se desprende de un dictamen del fiscal enviado este jueves al Juzgado Criminal y Correccional Federal Número 9, a cargo de Luis Rodríguez, quien entiende en la causa caratulada “Macri, Mauricio y otros sobre/traición”.  El proceso de investigación se abrió contra Macri; el ministro de Transporte, Guillermo Dietrich; el secretario de Energía, Gustavo Lopetegui; el ex ministro de Energía, Juan José Aranguren; el canciller, Jorge Faurie; y todo aquel funcionario y persona que surja involucrado. La imputación contra el Presidente y funcionarios se inició tras una denuncia presentada por la abogada Valeria Laura Carreras, quien ya había presentado acciones judiciales contra el Gobierno en otras causas como el traspaso de datos de la Anses al Poder Ejecutivo en 2016. La causa que tramita el juez federal Rodríguez es por supuestas “irregularidades advertidas en el manejo de la relación bilateral Argentina-Reino Unido por parte del Gobierno en la gestión 2015-2019”. Para Carreras y la fiscalía hay que investigar la inconstitucionalidad del Comunicado Conjunto del 13 de septiembre de 2016 suscripto entre las cancillerías. Se habría tratado de “esconder” que en realidad es un “convenio o acuerdo de entendimiento” que debía ser tratado por el  Congreso Nacional. La denuncia dice que desoyendo la manda constitucional “…se ha cedido a la potencia usurpadora Reino Unido, no solo los recursos mencionados [ictícolas, exploración y explotación de hidrocarburos, vuelos del continente a Malvinas] sino que se coloca a la potencia usurpadora en absoluta ventaja estratégica…”.  Eso porque el acuerdo establece que ambas partes acordaron “…adoptar las medidas necesarias para remover todos los obstáculos que limitan el crecimiento económico y el desarrollo sustentable de las Islas Malvinas, incluyendo comercio, pesca, navegación e hidrocarburos…”. Asimismo, según el expediente, se agravió del llamado a licitación y posterior adjudicación del área del Atlántico Sur denominada “Costa Afuera Argentina” para la exploración y explotación de gas, petróleo, hidrocarburos, cuya primera tanda de adjudicaciones se habría materializado en abril de 2018 cuyas ofertas ganadoras habrían sido casi la mitad, empresas Británicas. Finalmente se refiere al Decreto 602/2019 que autoriza a la empresa de Bandera Brasileña “Tam Linhas Aereas SA” a explotar servicios regulares internacionales de transporte aéreo de pasajeros, carga y correo, utilizando aeronaves de gran porte, en rutas aéreas que comprenden las Islas Malvinas, Antártida e Islas del Atlántico Sur y, por motivos de interés general al ejercicio de derechos de tráfico en los tramos de cabotaje. “Se entiende que esto significa una renuncia a los derechos soberanos del espacio aéreo Argentino”, dice el expediente al que tuvo acceso este diario. Por ello, la investigación girará en torno a determinar si la conducta de los funcionarios individualizados, que participaran en las negociaciones y finalmente firma del acuerdo denominado “Foradori-Duncan”, resultan penalmente relevante.  La denunciante se presentó ante Di Lello solicitando una medida cautelar relacionada al “daño inminente” a los intereses de la Nación que se producirían en caso de materializarse el primer vuelo de Latam a Malvinas autorizado por el decreto 602/19, previsto para el 20 de este mes, con partida desde San Pablo, con escala en Córdoba.   Di Lello le escribió al juez Rodríguez que evalúe ordenar la suspensión del primer vuelo de la compañía Latam a las Islas Malvinas, “ya que el peligro en la demora provocaría consecuencias irreversibles respecto a derechos adquiridos en el ordenamiento jurídico internacional”. El fiscal pidió que el vuelo se suspenda hasta que se establezca de modo jurídicamente razonable las facultades ejercidas mediante el decreto aludido. Di Lello dijo entender que el Poder Ejecutivo no puede seguir avanzando en la ejecución de acuerdos con el Reino Unido de Gran Bretaña que no cuenten con la aprobación del Congreso y los que ya efectuara deberán ser sujeto a investigación.  El acuerdo fue firmado por el vicecanciller argentino, Carlos Foradori, y ministro de Estado para Europa y las Américas del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, Alan Duncan.  La fiscalía solicitó que se cite a declaración testimonial al diputado Nacional Martén Pérez, de Tierra del Fuego, para que manifieste todo lo que conociera del acuerdo Foradori-Duncan. Y a los diputados Daniel Filmus y Guillermo Carmona.  También Di Lello pidió que se cite a las diputadas Elisa Carrió y Cornelia Schmidt Liermann, dado que entre 2016 y la actualidad presidieron la Comisión de Relaciones Exteriores y Culto de la Cámara baja.  Y por último se pedirá a la secretaria de Gobierno de Energía remita toda la documentación relacionada con adjudicación por el medio que fuere de recursos naturales en el área del Atlántico Sud, en especial de la licitación de Costa Afuera. ELECCIONES 2019 Newsletter con la mejor información política, todos los lunes a la tarde. ¡Gracias por suscribirte! Ha ocurrido un error, por favor intente nuevamente más tarde. Fuente

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Imputaron a Terranova y Rosner por supuestas presiones de Macri contra el Grupo Indalo

La Justicia decidió profundizar una nueva investigación para intentar determinar si hubo presiones del presidente Mauricio Macri contra el empresario Lázaro Báez y su socio Fabián de Sousa para que supuestos testaferros se quedaran con el canal de noticias C5N. Según denunció López, en 2015 recibió presiones directas de Macri y entre septiembre y octubre de 2017 fue “apretado” por funcionarios y dos hombres de negocios que se presentaron en nombre del Presidente. Pero como se negó, dijo, fue detenido en diciembre. El empresario de medios que estuvo casi dos años preso junto a su socio De Sousa presentó declaración testimonial ante la jueza federal María Romilda Servini, quien investiga las supuestas presiones del Gobierno. Servini instruye la causa iniciada por De Sousa contra el jefe de Estado, autoridades de la Afip y otros funcionarios y exfuncionarios de Cambiemos por los delitos de coacción y extorsión. Pero ahora, por la denuncia de López en esa causa, el fiscal Guillermo Marijuán decidió cambiar la situación procesal de dos de los involucrados de testimonios a imputados, por lo que le solicitó a la jueza que no los llame a declaración testimonial dado que deberían ir directamente a indagatoria. En la causa, cuya carátula es “Macri y otros” se investiga una presunta asociación ilícita y maniobras de extorsión contra los dueños de Indalo, quienes en ese momento estaban acusados por la Afip por supuesta evasión impositiva por 8.000 millones de pesos. Uno de los imputados por Marijuan es el empresario mendocino Orlando “Orly” Terranova, quien es amigo personal del Presidente, fue uno de los principales aportantes de la campaña de Cambiemos en 2015 e incluso en 2010 había sido candidato a concejal por el PRO. El otro imputado es Ignacio Jorge Rosner, un empresario argentino dueño de la empresa Latin American Assets Management creada en junio de 2005 para intentar quedarse con la compañía Aguas Argentinas. En 2017, a través del fondo de inversión OP Investments, Rosner –quien conocería al Presidente del colegio Cardenal Newman- intentó acordar con López y De Souza la compra de Indalo, pero no lo logró.   Incluso el 25 de octubre de 2017 OP Investments emitió un comunicado de prensa en el que anunció la compra del “100% del Grupo Indalo”. Este fondo inversor radicado en los Estados Unidos estaba representado en la Argentina por Santiago Dellatorre y Damián Burgio. De acuerdo a la denuncia de López, Terranova se presentó ante él como amigo del presidente y del empresario Nicolás Caputo, al que el propio Macri supo definir como su “hermano del alma”. En tanto, dijo que tras su negativa a venderle la empresa a Terranova apareció Rosner para interesarse en la compra de las empresas afirmando que tenía relación con el Presidente y con su padre, Franco Macri (falleció en marzo de 2019). Asimismo, López dijo que dos años antes se había reunido con el propio Mauricio Macri, quien le había expresado su interés por el canal de noticias que en ese momento estaba establecido en el barrio porteño de Palermo. “Necesito el canal para ir por Cristina, me dijo Macri. ¿Qué significa ir por Cristina?, le pregunté yo. Hay que meterla presa. No, no contés conmigo. No soy amigo de Cristina pero la aprecio y creo en el proyecto del kirchnerismo. De ahí en adelante no sé cómo siguió la charla. Me puse nervioso, me alteró”, declaró López ante Servini. López relató así el diálogo que mantuvo con Macri el 25 de octubre de 2015, a las 11:00 de la mañana en la casa de Franco Macri, en Barrio Parque. ELECCIONES 2019 Newsletter con la mejor información política, todos los lunes a la tarde. ¡Gracias por suscribirte! Ha ocurrido un error, por favor intente nuevamente más tarde. Fuente

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Bullrich sobre su imputación: “Se juzga a un gobierno por no aplicar el modelo zaffaroniano”

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, consideró este sábado que el pedido del fiscal Franco Picardi para que se investigue si desde esa cartera se pergeñó un plan para desalojar a comunidades mapuches en terrenos de la Patagonia “es el juzgamiento de la política de un gobierno que decidió no seguir con el modelo zaffaroniano”. “Me llama la atención que esta medida judicial se produzca cinco días después de las elecciones. Creo que acá estamos hablando deljuzgamiento de una política asumida por un gobierno constitucional y democrático, que decidió no seguir con el modelo zaffaroniano garantista que permitía asesinar más gente en Argentina”, señaló Bullrich en declaraciones a radio Milenium. El fiscal Picardi imputó a Bullrich; su ex jefe de Gabinete, Pablo Noceti; el exsecretario de Cooperación con los Poderes Judiciales, Gonzalo Cané; y al secretario de Seguridad Interior, Gerardo Milman y requirió a la jueza federal María Eugenia Capuccheti que realice una serie de medidas de prueba. Tras conocerse la imputación, la funcionaria publicó ayer un mensaje en su cuenta de la red social Twitter: “Acá estoy y acá me voy a quedar.  Como ministra, como ciudadana de bien, defendiendo siempre la Verdad. Mintieron cuando dijeron que había habido desaparición forzada con (Santiago) Maldonado. Crearon un plan para sembrar odio y miedo en la gente”.Patricia Bullrcih. Ministra de Seguridad del Gobierno de la Nación (Archivo).En ese sentido, Bullrich recordó que la denuncia en su contra se basa en una presentación de la APDH de Córdoba, que a su entender tuvo un papel cuestionable en el caso Maldonado. “La APDH de Córdoba está investigada por falso testimonio en el caso Maldonado por haber inventado testigos. Esta asociación armó a partir de recortes periodísticos dirigidos a querer avalar la tesis de la desaparición forzada en ese hecho”, indicó. La jefa de la cartera de Seguridad afirmó que desde “el primer día” de su gestión, el gobierno tomó la decisión de construir “un país en orden”, y aseguró que el grupo RAM (Resistencia Ansestral Mapuche) había cometido 96 atentados en las provincias de Chubut, Río Negro y Neuquén. “El RAM es una organización de violencia extrema, nunca la definimos como terrorista como sí lo hizo el fiscal Franco Picardi. Es un grupo que generó situaciones de atentados contra empresas, camiones, camioneros y muchas dependencias estatales inclusive, ha matado a un policía en Neuquén”, remarcó. Bullrich sostuvo que la imputación de Picardi se basa en los argumentos expuestos por la Cámara de Roca en el caso de Rafael Nahuel, que ya fue anulado por Casación Penal. “La Cámara de Casación dice que hubo un enfrentamiento, que objetivamente la Prefectura se defendió. El fiscal Picardi sigue hablando como si este fallo no existiese, quizás tenía todo preparado de antemano. Vamos a esperar cuáles de todas las medidas se piden.  Además, si son aceptadas por el juzgado, se partiría de la falsa idea de considerar que hubo un plan criminal”, puntualizó. ELECCIONES 2019 Newsletter con la mejor información política, todos los lunes a la tarde. ¡Gracias por suscribirte! Ha ocurrido un error, por favor intente nuevamente más tarde. Fuente

Maltrato en geriátrico de Laguna Larga: imputaron a la dueña

Maltrato en geriátrico de Laguna Larga: imputaron a la dueña

Dos audios fueron claves en la investigación que se le sigue a la dueña de un geriátrico de la localidad cordobesa de Laguna Larga, acusada de maltratar a una mujer que estaba internada allí. “Por qué gritás tanto?, “Dormite de una vez, la puta m…”, “Vas a volver locos a estos pobres viejos”, “Dejá de gritar como una tarada”. “Y encima ni la toma a la pastilla la hija de p… esta”.  Son algunos de los insultos que se pueden escuchar en uno de los audios en poder de la justicia. En otro, Ferra parece recibir algunos golpes. Eso está tratando de probar la fiscalía de Río Segundo, a cargo de la instructora Patricia Baulies. Con estos elementos se imputó a Claudia Ochoa, dueña del Hogar Santa Lucía. La acusan de lesiones leves continuadas en perjuicio de Patricia Ferra, una mujer de 58 años con retraso madurativo que falleció en ese lugar en febrero de este año.Laguna Larga. Donde ocurrió el hecho (La Voz).Las pruebas hasta ahora descartan la posibilidad de una muerte violenta. Ferra habría fallecido de manera natural. Sin embargo los familiares de la mujer pretenden que se exhume el cuerpo de Patricia y se le realice una autopsia para determinar la causa de la muerte. Según se desprende del expediente, Ferra tendría una enfermedad que hace que cualquier roce le quede marcado e incluso le aparezcan manchas azuladas en el cuerpo, debido a un problema en la sangre. El caso. Los audios llegaron a familiares de la mujer de casualidad. El 24 de marzo Ramón Ferra, hermano de Patricia, compró un celular usado a una chica que trabaja en ese geriátrico. En el celular quedó almacenada una carpeta con una serie de audios. Cuando el hombre los escuchó se encontró con un panorama escalofriante: revelan el maltrato que su hermana sufrió dentro de las instalaciones del geriátrico Santa Lucía.Laguna Larga. Donde ocurrió el hecho (La Voz).Los audios van desde gritos hasta agresiones verbales contra Patricia. Por esa razón, los familiares llevaron el caso a la Justicia en marzo de este año, a los pocos días del fallecimiento de la mujer. Indignados por la situación, realizaron varias marchas y consiguieron que la dueña cerrara el geriátrico, en el que estaban internadas unas ocho personas. Todas debieron ser reubicadas. Unos días después se supo que el hogar funcionaba sin habilitación. Esto fue confirmado por Pablo Lábaque, director del Registro de Unidades de Gestión de Prestaciones de Salud (Rugepresa). *Corresponsalía  Fuente